Después de la indignación inicial, llega el momento de pensar con la cabeza fria y evaluar seriamente en qué condición nos encontramos. Tras los hechos sucedidos el miércoles 13 de junio, que al final resultaron menos desastosos de lo inicialmente planteado; en esta nota de Punto de Mira (mi sección para aquellos laaaargos textos opinantes) les contaré qué perderemos y qué no si la nueva Ley de Propiedad intelectual se aprueba tal y como la está dejando el Senado de la República de Chile, les advierto desde ya, no de manera imparcial, porque aquí voy a poner mi opinión cada que sea necesario.

Aunque todos aportaron, sólo uno fue escuchado

En esta primera parte, les contaré la historia completa de cómo se desarrolló esta ley en el Congreso. Pese a que la resumí lo más que pude, igual no pude evitar que resultara un tremendo ladrillo. Pero es Punto de mira: Aquí me puedo dar estos lujos:

En 2008, era uno de los grandes objetivos del Gobierno: que los parlamentarios renovaran la arcaica Ley de Propiedad Intelectual (LPI) vigente desde principios de los setentas. No deshacerse de la antigua normativa, sino agregarle una serie de artículos en sintonía con el presente  −o cómo los honorables entienden ese presente. Más exactamente:

Establecer medidas efectivas que garanticen un adecuado nivel de protección, mediante acciones civiles y penales, para la observancia de los derechos de autor (…), ante las frecuentes infracciones calificadas comúnmente como piratería;
Fijar un adecuado marco de excepciones y limitaciones al derecho de autor y derechos conexos que garanticen el acceso a bienes culturales y el ejercicio de derechos fundamentales por parte de la ciudadanía, (…), y
Regular la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet, tratándose de las infracciones a los derechos de autor y conexos que se cometan por usuarios de estos servicios a través de sus redes, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por Chile, en el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos.

Aunque cueste creerlo, lo que acaban de leer es cierto: Uno de los grandes cometidos de esta ley es definir qué tan responsables son los ISP (quienes nos permiten tener internet en casa o en el trabajo) respecto a los contenidos que descargan sus suscriptores. Pero también definir las excepciones para una normativa que prometía ser muy implacable.

Lo anterior no lo dice un internauta que quiere provocar alerta innecesaria, sino la misma Comisión de la Cámara de Diputados, quienes iniciaron el trámite de la ley, apenas comienza su informe de 116  páginas con el que arrancó el largo proceso de preparar y depurar la nueva ley

Cuando los diputados aprobaron el proyecto de ley, pasó al Senado. Entonces, la colección de desaciertos realmente empezó:

Ciertamente, cambiar la LPI afectaria los intereses de muchos sectores. Los que tratarían de influenciar de todas las maneras imaginables en el voto final de cada senador (una táctica usualmente llamada lobby). Por ello, se estableció  una Comisión de Expertos que reuniera a los representantes más fidedignos de todos estos grupos interesados, para que cada uno aportara con sus consideraciones a la nueva ley.

¿Quienes integraban esta “comisión de expertos”: Tomen nota, que la lista es un poco larga: La Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), los proveedores de internet (como la Compañía de Telecomunicaciones de Chile, VTR, Telefónica del Sur o GTD), la ACTI o Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información, Microsoft Chile como parte de la ACTI y como miembro independiente, Google, la ONG Derechos Digitales, la Asociación de Derecho Informático de Chile  y la gente de Liberación Digital, entre varios otros.

Los senadores prometieron que serían tomadas en cuenta equitativamente las recomendaciones de todos los miembros de esta mesa tan amplia como la del Té Club.  Y efecctivamente así fue, excepto por unos puntos muy específicos. Los más relevantes y conflictivos de la LPI.  Los mismos que más preocupaban a la SCD.

Tal logro no fue posible gracias a que los representantes de la SCD por si mismos convencieron mejor al Senado que los demás. Sino porque contaron con un gran aliado: Señoras y señores, el Gobierno de Michelle Bachelet.

Y cómo no podia ser de otra manera, si varios representantes de esta sociedad apoyaron su campaña electoral en 2005. Simplemente, era el momento de cobrar los favores.

Esta olla la destapó Pedro Huichalaf de Liberación Digital el 8 de octubre del 2008. El día anterior, la ministra de Cultura Paulina Urrutia sacó la Sarita Mellafe que lleva dentro y manifestó que había un acuerdo secreto entre el Gobierno y la SCD para que fueran consideradas ñas recomendaciones de esta entidad gestora −ellas, y nada más que ellas− en los puntos más delicados de la LPI.

¿De qué puntos estamos hablando? Recordemos (mayúsculas son del texto original, las negrillas son mias):

ARTÍCULO 100. GESTIÓN COLECTIVA
El Gobierno apoyará que la SCD mantenga lucrándose calculando el pago de los derechos sobre la totalidad de los ingresos brutos de los usuarios y no considerando el uso efectivo de las obras utilizadas, tal como hasta el mismo Fiscal Nacional Económico recomendó modificar, porque el actual sistema es contrario a las normas sobre protección de la libre competencia (Porque la SCD es una ENTIDAD MONOPOLICA).

* ARTICULO 100 BIS. FIJACIÓN DE TARIFAS
Qué ocurre en caso que haya conflictos entre cualquier chileno y la SCD para la fijación de tarifas. Para proteger la SCD no se quiere establecer por ley que las tarifas en cuestión sean fijadas de mutuo acuerdo por las partes interesadas, y en su defecto, mediante un Tribunal Arbitral, establecido en este proyecto de ley, a pesar que asi lo recomienda el mismo Fiscal Nacional Económico ¡¡desde 1998!!

* ARTICULO 85 L. OPERADORAS DE INTERNET
Lejos uno de los posibles artículos más populistas. En su afán de lucrarse, quieren cobrarle a las ISP que dan acceso a internet un valor por cada conexión, pues según la SCD TODOS los que tenemos internet pirateamos música, y no cualquier música, sino que la del repertorio que ellos gestionan. Esto, amigos, sería fijar una responsabilidad a las ISP que EN NINGUN PAIS DEL MUNDO está determinado a priori, siendo Chile los primeros en una medida inconstitucional como esta. Y no es que esté defendiendo a las pobres ISPs , sino a todos los consumidores, porque dicho valor se verá SI o SI reflejado en los precios de acceso a Internet, haciendo AUN MAS CARO y PROHIBITIVO la banda ancha, Y todo porque el gobierno acordó ASEGURAR los ingresos a la monopólica de la SCD.

* ARTÍCULO 71 M, N (yR). FOTOCOPIAS Y USO JUSTO
Con este apoyo del gobierno SE PROHIBE a las bibliotecas reproducir sin pago obras protegidas para uso de colegios o universidades, es decir, que saquen fotocopias de textos adquiridos legalmente, pero para fines académicos. Al mismo tiempo se deja afuera una figura denominada uso justo. La doctrina del uso justo no permite la mera copia del trabajo realizado por otro con el fin de obtener un provecho económico, sino que habilita al uso justo de contenidos protegidos en la medida en que estos usos contribuyan a la sociedad generando innovación, creando nuevas obras o fomentando la discusión pública sobre una obra determinada. O sea la SCD y el Gobierno quieren justamente lo contrario.

* ARTICULO 86. IRRENUNCIABILIDAD
Se refuerza la irrenunciabilidad de los derechos morales sobre las obras. Con esto se dan más garantías a la SCD porque podrían en teoría seguir gestionando derechos a pesar que el autor expresamente los quiera renunciar.

* INDICACIÓN n° 20. COMERCIO
El Gobierno no apoyará una excepción a los derechos de autor en las cual se autoriza a establecimientos comerciales pequeños o en recintos de espera de atención al público para que puedan colocar música o fotogramas (videos) sin pagar derechos de autor. O sea, garantizan a la SCD que NADIE SE SALVE, ni siquiera pequeños negocios.

* SE RECHAZARÁN LAS DISPOSICIONES E INDICACIONES QUE MODIFIQUEN LOS ACUERDOS PREVISTOS EN ESTE DOCUMENTO. AL MISMO TIEMPO, SE RECHAZARÁ INTRODUCIR NUEVOS TEMAS QUE VAYAN MAS ALLA DEL MENSAJE PRESIDENCIAL.

Da miedo, mucho miedo todo lo que engloba este acuerdo, ¿cierto?

Casi de inmediato, surgió un gran movimiento que intentara parar esta locura. Y ojo, que no se trataba de atacar directamente a la SCD. Sino plantear que esta nueva LPI debía escuchar a todos: que su columna vertebral no se fundamente únicamente en los intereses de un grupo específico.

Primero, teoricamente a partir del sitio trato justo para todos*. Y luego completamente en la práctica, con un proyecto con un nombre bien directo: NO SOY DELINCUENTE. El mismo site cuyo link ocupa un lugar de máximo privilegio en el sidebar de La caja de música.

Jani Dueñas explica mucho mejor esta propuesta frente a la LPI, en el siguiente video totalmente viralizado en su momento. El inicio y el final puede no ser recomendable para epilepticos:

¿Y qué pasó el 13 de mayo?

Harto largo me salió explicar el desarrollo de la LPI antes del gran dia. No podía ser de otra manera: Realmente la información sobre esta historia es abundante, pero muy enredada para quien desconozca su contexto y trasfondo… por eso era nccesario redactar semejante resumen.

Y una acotación muy importante antes de seguir: El proceso de depuración de la LPI en el Senado tomó casi un año. Periodo que no fue cubierto decentemente (para variar) por los grandes medios de comunicación. Y si se hizo, en la mayoría de los casos, fue inclinando la balanza más hacia la SCD. Pero gracias a internet y la blogósfera, conocimos al dedillo el progreso de esta historia, incluyendo exabruptos varios (y vergonzosos) en Facebook.

Ahora, volvamos a detenernos en un punto específico: Los usos justos. Si no entienden su significado e importancia, el siguiente video los iluminará con su claridad para explicarlo (con voz en off de la genial Jani Dueñas, again):

Aquellos usos justos iban a ser discutidos por el Senado ese 13 de mayo, una reunión retrasada en varias ocasiones. Cultura Digital comunicaba la previa llena de esperanza: Se había llegado a un acuerdo con los senadores. Los usos justos no serían un delito, tal como en el letrero que orgullosamente mostré en este blog. (las negrillas aquí también son mías):

Así, en resumen (y en forma muy, pero muy simple), las principales indicaciones aprobadas son:

Uso de Obras en Salas de Clases
Se autoriza como excepción y sin necesidad de requerir autorización previa del autor, la utilización de obras para fines educacionales y sin ánimo de lucro para la ilustración de las actividades educativas en el aula.

Comunicación o Ejecución de Obras en Núcleo Familiar o Instituciones Sin Fines Lucrativos

No se considera comunicación ni ejecución pública de la obra cuando es realizado dentro del núcleo familiar, en establecimientos educacionales y otros y sin fines lucrativos. No se requerirá autorización del  autor o titular ni pago de remuneración previa. O sea, se podrá escuchar sin problema música en los recreos de estudiantes, por ejemplo.

Más otras indicaciones relativas a usos justos de software.

Lo que vino después nadie se lo esperaba. Que el Ministro Secretario General de la Presidencia intentara influir en el Senado para que fuera considerado no estas consideraciones, sino lo que le interesaba a la  SCD, No velar por todos los chilenos, sino por apenas un grupo de ellos, era el peor de los escenarios proyectables.

Sin embargo, ese día no se eliminaron totalmente los usos justos de la nueva LPI, tal como lo explicará días después tratojustoparatodos.cl (¡Muchas gracias Roberto Caamaño por la cita!)

Frente a las informaciones que se han filtrado a través de la internets, queríamos contarle que no se han rechazado (aún, a lo menos) los usos en el Senado.

Lo que pasó es que gracias a las gestiones a favor de la SCD del Ministro Viera-Gallo, el Senador Ruiz-Esquide retiró la indicación 116 de su autoría, que consistía en una excepción más o menos general respecto de admitir más excepciones en la ley. Mala noticia, sin ninguna duda, que el Ministro promueva una posición que sólo beneficia a un grupo de privados y ni a la mayoría de los chilenos. Mala noticia también que el Senador haya retirado su indicación. Pero de ahí a decir que los usos justos ya no existen, hay un gran trecho.

O sea, aunque lo que pasó el miércoles 13 no fue un desastre, ciertamente es más que preocupante de cara a cómo siga el desarrollo de esta ley en el Senado. Si gracias a la influencia de sus compadres del Gobierno, la SCD ganó en una batalla, perfectamente podrían ganar la guerra de la misma manera. Yeso no puede ser ignorado y desperfilado.

¿Y qué queda por hacer?
(sí, con esto termino)

Sonará extremadamente pesimista, pero honestamente,  creo que al final la SCD tiene más chances que cualquiera de nosotros para salirse con la suya. Eso nos pasa por tener el Congreso que tenemos, con parlamentarios seleccionados (a la hora de ser candidatos) por las cúpulas de poder de los partidos y elegidos por un sistema electoral perverso.

Si no hubiera binominalismismo, los parlamentarios serían mucho más representativos de lo que son en este momento. Y con eso, considerarían realmente a sus representados y nos evitaríamos pastelazos como el de esta ley.

Sé que es duro lo que planteo, pero se trata de cosas que hay que decir por su nombre. Para rematar, la Concertación este último lustro ha cometido error tras error tras error tras error tras error… y al considerar este antecedente, la movida del ministro Pérez Yoma no se  ve como un hecho aislado, sino como la guinda de una torta de desaciertos, corrupción, abuso de poder… con ello, cualquier indignación como la que se manifestó en la blogósfera la semana pasada, es justificada al ciento por ciento.

Pese a lo anterior, igual hay que moverse. Si los internautas gringos (que tampoco tienen un parlamento perfecto) consigueron salvar la industria de la radiodifusión online de una hecatombe que  la habría sepultado, ¿por qué nosotros no podemos lograr que los usos justos no sean delito en la nueva LPI? Y no me vengan con el provinciano argumento “es que estamos en Chile”. Por culpa de esta escusa barata, nos hemos quedado atrasados en demasiados aspectos frente incluso a paises vecinos.

Hay que moverse, hay que trascender de la internet la importancia de los usos justos, contactarse con los senadores, contactarse con los senadores, contactarse con los senadores, contactarse con los senadores, contactarse con los senadores, contactarse con los senadores…. y, por sobretodo, contactarse con los senadores.